Corriente Nacional Mart�n Guemes

Hablemos de los hechos, para desafiar una regla dominante en la comunicación cotidiana. Las acciones de Papel Prensa se vendieron en los primeros meses de la dictadura militar, en el tramo más brutal (a la vez fundacional) del terrorismo de Estado y de la violación de las garantías constitucionales, empezando por la división de poderes. La dueña de las acciones transferidas, Lidia Papaleo de Graiver, jamás se juntó con el precio. Todos los adultos integrantes de la familia Graiver fueron secuestrados y torturados.

Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas monopólicas. El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticos.

El actual Ejecutivo, a partir de conflictos coyunturales, tomó la valiosa decisión política estratégica de limitar el poder del Grupo Clarín. Entre otras movidas, se implicó activamente en la empresa, sacudiendo la modorra estatal, haciendo valer cuanto pudo su posición minoritaria. En el trayecto, investigó el origen de la compra de las acciones. Produjo un material contundente, presentado ayer en la Casa de Gobierno.

La documentación fue buscada con denuedo. Parte del material es conspicuo y fue denunciando en numerosas oportunidades en diarios, libros y revistas. Una porción más pequeña estaba sustraída al conocimiento ciudadano, camuflada en expedientes con telarañas, perdida en archivos olvidados.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pronunció ayer un discurso memorable. Uno de los más redondos de su mandato, si no el mejor. Rememoró el modo en que pasó de mano Papel Prensa y su trayectoria posterior en el mercado. Dio cuenta de haber leído y elaborado el informe. Lo divulgó en una exposición larga (como ella misma reconoció al final) y rigurosa.

Pero las palabras, ya se sabe, van y vienen. Lo más notable no fue la retórica sino, otra vez, la decisión política: darle un cauce institucional al informe. Serán los otros poderes del Estado los que resuelvan qué hacer respecto del pasado y del futuro. Los tribunales comerciales deberán dirimir la validez o nulidad de la venta. Los penales, sentenciar si hubo violaciones de derechos humanos en el contexto de la supuesta negociación celebrada entre 1976 y 1977.

El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad.

El procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la peliaguda misión de preparar la vía judicial. Seguramente, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, ya está redactando el proyecto de ley que la Presidenta revisará con obsesividad de parlamentaria.

Los hechos quedan también sometidos a la opinión pública tras años de silencios, omisiones o imposiciones.

El dialecto periodístico-político opositor se ingeniará para calificar ese recorrido como “autoritario”, “arbitrario”, “totalitario”. O se valdrá de un sustantivo-adjetivo berreta caro a su imaginario: “chavista”. Para el pensamiento hegemónico de derecha, el chavismo no es un régimen popular, plebiscitado muchas veces en elecciones limpias, con desempeños discutidos en materia de libertades públicas. “Chavismo” es, charramente, sinónimo de dictadura bananera.

Sin embargo, lo que hizo el gobierno nacional es legal, democrático y republicano. Investigó, honró sus deberes de socio-accionista, produjo un informe que se abre al debate ciudadano, lo canalizará institucionalmente. Vale la pena señalar el detalle, pasando la pelota a dos poderes donde (en la actual coyuntura) las corporaciones juegan de local o al menos en condiciones muy favorables. Lejos de la discrecionalidad o del decreto de necesidad y urgencia, se interpeló a los estamentos democráticos y a la ciudadanía.

A eso, en jerga dominante, se rotula como “chavismo” o se describe como “ataques a la prensa”.

Frente a otras etapas históricas, hay mayor transigencia, según se verá.

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Los diarios Clarín y La Nación vienen publicando en tándem desde el conflicto de las retenciones agropecuarias. Socios en Papel Prensa y en Expoagro, sus tradicionales diferencias editoriales se fueron licuando en el mandato de Fernández de Kirchner. A veces, desdoblan tareas, como cuando La Nación informó la reunión entre Héctor Magnetto y cinco referentes del espacio peronista federal-PRO, que Clarín guardó y sigue guardando en reserva. En otras, se pronuncian juntos. Así fue en las ediciones de ayer, buscando lo que en fútbol se llama “anticipo ofensivo” al anuncio. Optaron por una suerte de editorial conjunto, titulado “Una historia inventada para apoderarse de Papel Prensa”. Como se supo a la tardecita, el apoderamiento no existió, en el año 2010 al menos. Y la historia, infaustamente, es real.

El material se recomienda, porque no tiene desperdicio. El cronista sólo pondrá de resalto el modo en que se narra un acuerdo comercial millonario, en el que tuvo un rol central el Estado terrorista.

Papaleo de Graiver era la viuda reciente de un empresario judío (un arquetipo de las personas odiadas por los represores) muerto en un dudoso y oportuno accidente aéreo. La viuda estaba fuera del país, desoyó consejos sensatos y volvió. Discutió, en el fragoroso año 1976, con empresarios ávidos, que contaban con el apoyo del régimen. Los grandes medios pretenden que las tratativas realizadas en ese entorno funcionaron en un mercado perfecto que hubiera hecho las delicias de Adam Smith. Su relato, es de lamentar, concuerda con el mito divulgado por la propia dictadura: existía una sociedad civil normal, con libertades garantizadas, aunque algunas “patotas” hacían abuso de la violencia. Esa falacia, claro está, se desbarató en pocos meses. Nadie puede, honestamente, creer que una negociación referida a bienes estratégicos se sustanciaba en un clima de negocios decoroso, impermeable al totalitarismo imperante.

Los editoriales aducen que Papaleo de Graiver consensuó. No hay tal, nuestro sistema legal exige para que haya contrato que las dos partes tengan “discernimiento, intención y libertad”. Los vocablos, en jerga forense, tienen significado bastante similar al del lenguaje común. La desdichada Lidia carecía de libertad e intención plenas cuando firmó la transferencia. Después, la pasó peor.

Nunca se perfeccionó un elemento sustancial de un contrato: el pago. La dueña recibió una fracción vil del precio, menos del uno por mil (siete mil dólares sobre casi un millón), el resto no le llegó nunca. Un juez debía aprobar el pacto, que involucraba derechos de la hija de Graiver y Lidia Papaleo, jamás lo hizo. Su Señoría se negó porque estaba en desacuerdo con el negocio leonino, los grandes medios consignan púdicamente que “nunca se expidió”.

Por lo tanto, el contrato no terminó de concretarse. Existía lo que podría llamarse “tracto sucesivo”, la negociación continuaba, en Tribunales. Cuando se secuestró a la dueña, privándola no ya de su libertad, sino de todos sus derechos humanos, las tratativas estaban abiertas.

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“Fue una operación legal y pública, anunciada por todos los diarios de la época”, resume el editorial a dos manos. O sea, contra toda prueba y contra sus propios alegatos cuando se justifican por haber escamoteado data sobre 30.000 desaparecidos, alegan que en ese tiempo los diarios informaban la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Inventan una burbuja temporal: suponen que Papaleo de Graiver estaba en un mundo feliz cuando firmó y que luego, por hechos ulteriores, fue chupada. Las palabras tienen su peso tremendo, máxime cuando las redactan grandes editorialistas de diarios importantes. Cuentan que la mujer fue detenida por “imputaciones ajenas a ese tema”. “Imputación” alude a intervención de jueces o fiscales no a represores sin ley. Y es difícil saber, aún para quienes fueron sus confidentes mediáticos, cuáles eran los motivos de los secuestros.

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Los titulares de los propios diarios en esos tiempos, sus solicitadas, los brindis de sus propietarios con el represor Jorge Rafael Videla corroboran que el gobierno fue un jugador central en el traspaso. Lo reconocieron y celebraron, con todas las letras, en sus ejemplares de mayo de 1976 cuando esas amistades valían poder.

El editorial de ayer consigna que “Papel Prensa fue una empresa perseguida por Emilio Massera”. Un modo didáctico sobre cómo se distorsionan hechos contándolos a medias. Massera, como en tantos otros temas comerciales y políticos, pulseaba contra Videla. Este era el puntal de Clarín, La Nación y La Razón, unidos en una empresa llamada Fapel. María Seoane y Vicente Muleiro lo cuentan con detalle en su libro El Dictador. En la página 270 de la edición de 2001 explican que “la discusión sobre a quién ofrecerle Papel Prensa produjo un durísimo enfrentamiento en la Junta. Fapel era la candidata de Videla y Martínez de Hoz. Massera tenía otro candidato: el banquero José Rafael Trozzo, dueño del Banco de Intercambio Regional”. La ojeriza de Massera no traducía antagonismo del régimen, sino una querella por negocios. Los perros de la guerra no pensaban full time en el Occidente cristiano, también en sus billeteras. A Fapel no le fue tan mal en esa interna de pequeros.

Se subraya: Seoane y Muleiro hablan de un hecho consabido, para nada inventado en las últimas semanas: fue la Junta la que “ofreció” la empresa a Fapel. Estaba hasta el tuétano en ese negocio, para nada privado.

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Otra distorsión, especialmente perversa, es suponer que una víctima del terrorismo de Estado recupera su libertad y su palabra no bien sale del campo de exterminio. O un tiempo determinado después. Papaleo de Graiver es puesta bajo sospecha porque no habló antes. Se banalizan el temor y la minusvalía impuestos por los represores. Ríos de tinta se han escrito sobre el tema, gente de la prensa debería conocerlos.

Papaleo habló cuando pudo dominar el miedo, cuando Christian Von Wernich y Miguel Etchecolatz, dueños de su vida y de su cuerpo, fueron juzgados y condenados. También, más vale, cuando supo que había un poder democrático dispuesto a poner coto a la impunidad de los cómplices civiles de la dictadura. Ese periplo terrible merece comprensión, contención y respeto.

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El oficialismo es apenas primera minoría en ambas Cámaras del Congreso. La oposición puede parar o distorsionar su proyecto de ley, sobreactuando su subordinación a las corporaciones.

En Tribunales, la carga de la prueba pesa sobre quien pide la nulidad de un contrato o acusa a un presunto delincuente. Si la prueba no alcanza, se mantiene el statu quo previo o prima la presunción de inocencia. No será sencillo conseguir sentencias favorables. No suele serlo en casos tan complejos con escasos precedentes, menos con magistrados conservadores en lo legal y de ordinario pro empresarios.

El kirchnerismo no es ingenuo, conoce esas perspectivas. Su opción, para nada facilista, también compite (de modo más ventajoso) en otros escenarios. Interpela la opinión pública, en defensa de los derechos humanos, de la búsqueda de igualdad tanto como de verdad y justicia. En esos terrenos, según la mirada de este diario, tiene todas las de ganar. En buena ley.